Frontera e invasión

Abro la puerta trasera derecha. Veo a Dodi Al Fayed dislocado sobre el asiento, tumbado frente a mí, los ojos entreabiertos. Veo una alfombrilla del coche sobre la princesa Diana. La aparto para ver si ella aún vive y la coloco sobre el bajo vientre de Al Fayed, que tiene el sexo al aire. Este es el relato del fotógrafo Romuald Rat, uno de los primeros paparazzo que llegó al parisino túnel del Alma donde se estrelló el Mercedes 300 que transportaba al multimillonario de origen egipcio y a la díscola princesa británica. La descripción de la devastadora escena corresponde al testimonio que el reportero gráfico entregó en calidad de testigo a la Brigada de Investigación Criminal de la policía francesa, y que fue filtrado por una publicación europea en julio de este año.

Lo cierto es que el accidente que le costó la vida a Diana Spencer y al heredero del imperio Al Fayed, en la madrugada del 31 de agosto de 1997, se transformó en un paradigma aún vigente sobre los límites entre el tradicional periodismo británico y la vida privada.

A raíz de este episodio, y ante el creciente interés de los medios ingleses por escudriñar en la esfera privada de autoridades, artistas y personajes públicos, el gobierno de ese país encomendó hace algunos años a un grupo de expertos la elaboración de un reporte que permitiera revisar los estándares éticos y profesionales de la prensa. El resultado, un código que justifica la intromisión periodística en el ámbito privado bajo cuatro circunstancias: exponer un delito o una conducta antisocial seria; proteger la salud y seguridad públicas; cuando la conducta privada tiene un efecto negativo en tareas públicas; y si el personaje en cuestión incurre en una hipocresía tal que constituya un engaño al público.

Cada cultura informativa tiene sus propias características y establece una frontera más o menos invasora en materia de privacidad. El escándalo sexual que estremeció a la Casa Blanca en la administración de Bill Clinton así lo confirma y ratifica a la prensa norteamericana como una de las más agresivas en esta materia, que cuenta con legislación y jurisprudencia contundente que ayuda a compatibilizar dos garantías tan fundamentales en los estados democráticos: el derecho a informar y el de la privacidad de las personas.

Precisamente esta dicotomía es abordada con lucidez en el libro El derecho a la privacidad de Ellen Alderman y Caroline Kennedy, donde dan cuenta de una serie de casos en que ciudadanos norteamericanos se han visto afectados por la divulgación de datos personales en los medios de comunicación. En definitiva, el texto apunta a que cuando los medios concentran sus fuerzas para desenmascarar casos de corrupción gubernamental son guardianes del Estado; sin embargo, cuando entran en la esfera privada se convierten en animales peligrosos y depredadores. Bien lo sabe una de sus autoras, hija del mítico ex presidente de EE.UU. y de la glamorosa Jackie y, por ende, hermana de John-John.

Lo cierto es que para jugar en las ligas mayores hay que saber dar y recibir. Es decir, cuando el periodismo decide abordar aspectos de la vida privada tiene que estar dispuesto a pagar y caro los errores que se comenten por falta de profesionalismo. Por eso, la prensa del primer mundo ha llegado al extremo de trabajar cotidianamente con importantes bufetes de abogados que analizan, antes de publicar, las consecuencias legales de artículos y reportajes. Además, han implementado departamentos de verificación de datos, como lo hizo el New York Times luego que descubriera a reporteros que inventaban historias de principio a fin sin que sus editores siquiera lo sospecharan. En el prestigioso diario neoyorquino un grupo de profesionales se dedica a cotejar la información recogida por sus redactores para chequear la veracidad de lo que será publicado. Todo ello con el objeto de reducir al mínimo la posibilidad de error, evitar millonarias demandas y que rueden las cabezas de los máximos ejecutivos de medios, tal como ocurrió con los superiores de Jayson Blair, uno de los periodistas que terminó por confesar sus fraudes informativos.

Esas consecuencias, en Chile, parecen desconocidas. Y esa es precisamente una discusión ausente a la hora de analizar los espacios que reclamamos los periodistas como si fuera un derecho ganado, pese a que muchas veces más de las que quisiéramos no hemos estado a la altura del profesionalismo que exigen noticias que por su naturaleza requieren de la máxima rigurosidad, la misma que estuvo ausente en el tratamiento que algunos medios le dieron al caso Spiniak, un buen ejemplo de cómo no se deben hacer la cosas en periodismo y de la impunidad que a veces gozamos los profesionales de la prensa.

Felipe Contreras es editor general de La Tercera. 

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